¿A ver a qué hora?

 

Con una clara demanda de no más dilación en la aplicación de la ley, un grupo de activistas de Greenpeace - dos de ellos representando a "la Justicia"-, se apostaron en la entrada principal de la Secretaría de la Función Pública (SFP) con una manta de 8 metros cuadrados en la que se preguntaba “¿cuándo los vas a Inhabilitar?” en clara referencia Mauricio Limón, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, y a Alfonso Flores Ramírez, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Greenpeace exige al titular de la SFP, Rafael Morgan Ríos,  que inhabilite de manera inmediata a ambos servidores públicos quienes actuaron bajo conflicto de interés y  violaron la legislación ambiental al otorgar la autorización para la construcción del mega complejo turístico de Cabo Cortés en las inmediaciones del Área Natural Protegida de Cabo Pulmo, en Baja California Sur. Posteriormente, se negaron a revocar el permiso cuando tenían plena facultad para hacerlo por el incumplimiento de las condicionantes impuestas.
Además, la SFP debe  ordenar la suspensión temporal del cargo de los servidores denunciados para no tener obstáculos durante la investigación.
“Lo que resulta más alarmante es que Limón y Flores siguen teniendo en sus manos el poder para otorgar nuevas autorizaciones de impacto ambiental, poniendo por delante los intereses de particulares, en vez de hacerlo conforme lo demanda la ley, ya sea en Cabo Pulmo o en cualquier otro ecosistema. Por ello, es urgente que sean separados de sus funciones”, señaló Gustavo Ampugnani, director de campañas de Greenpeace.
“Sólo así, sancionando a los funcionarios que violan la ley para favorecer a particulares en contra de sus propias funciones y del medio ambiente, se podrá hablar de justicia y se evitará que estos servidores públicos aprovechen los tres meses que le quedan a la presente administración para dar madruguete en el caso Cabo Pulmo”, abundó Ampugnani.
Los ciudadanos exigimos justicia y que los funcionarios señalados no se vayan, junto con esta administración, como si nada hubiera pasado, es decir, sin ser sancionados.